FRENTE POPULAR AGRICOLA FIA DEL PERU
Propuestas tal como fueron presentadas ante el JNE. No están editadas ni corregidas.
Contaminación de ríos, lagunas y fuentes de agua por vertimientos de aguas residuales y actividades productivas.
Mejorar la calidad de los recursos hídricos para consumo humano, agricultura y conservación ambiental.
Recuperar y monitorear 20 cuerpos de agua estratégicos de la región.
Alta vulnerabilidad frente a inundaciones, huaicos y deslizamientos.
Reducir la vulnerabilidad frente a desastres.
Ejecutar 100 intervenciones de reducción de riesgos.
Vulnerabilidad frente a sequías y variabilidad climática.
Fortalecer la seguridad hídrica regional.
Implementar 500 intervenciones de siembra y cosecha de agua.
Pérdida de cobertura forestal y degradación de ecosistemas.
Reducir la pérdida de bosques mediante acciones de conservación y reforestación.
Recuperar y restaurar 50,000 hectáreas de cobertura forestal al 2030.
Gestión inadecuada de residuos sólidos.
Mejorar la gestión integral de residuos sólidos y reducir la contaminación ambiental mediante infraestructura adecuada y el aprovechamiento sostenible de los residuos.
Implementar infraestructura de disposición final y valorización de residuos en al menos el 50% de las provincias que presentan mayores brechas.
Pérdida de agrobiodiversidad, degradación de suelos agrícolas y limitada adopción de prácticas productivas sostenibles.
Promover la conservación de la agrobiodiversidad y la transición hacia sistemas productivos sostenibles y resilientes al cambio climático.
Beneficiar a 20,000 productores agropecuarios de la región.
Escasas oportunidades de capacitación técnica y limitada empleabilidad de jóvenes y población económicamente activa.
Fortalecer la empleabilidad y el emprendimiento mediante capacitación técnica, certificación laboral e innovación productiva.
Capacitar y certificar a 50,000 ciudadanos al 2030.
Baja productividad agraria, limitada tecnificación y reducido valor agregado de la producción agropecuaria regional.
Incrementar la productividad y competitividad del sector agrario regional.
Beneficiar a 20,000 productores agropecuarios al 2030.
Baja competitividad turística y limitado aprovechamiento del potencial cultural, natural y gastronómico de la región.
Impulsar el turismo sostenible como motor de crecimiento económico regional.
Incrementar en un 30% el flujo turístico regional al 2030.
Limitado acceso a mercados, escaso valor agregado y débil articulación de las cadenas productivas regionales.
Fortalecer las cadenas productivas y mejorar la competitividad de la agricultura familiar y empresarial de la región.
Incrementar en un 40% la participación de productores organizados en mercados nacionales e internacionales.
Alta informalidad laboral y empresarial que limita la productividad, la protección social y la competitividad regional.
Promover la formalización laboral y empresarial mediante el fortalecimiento de capacidades productivas y el acceso a servicios de desarrollo empresarial.
Reducir la informalidad laboral regional al 65% al 2030.
Persisten procesos burocráticos, centralización administrativa y deficiencias operativas que ralentizan la atención ciudadana y la ejecución de proyectos públicos.
Modernizar la gestión pública regional para mejorar la eficiencia institucional y la calidad de los servicios.
Reducir en un 50% los tiempos de atención administrativa regional.
Persisten riesgos de corrupción, limitada transparencia en la información pública y baja confianza ciudadana en las instituciones.
Fortalecer la transparencia, la integridad pública y la lucha contra la corrupción.
Alcanzar un nivel superior al 95% de cumplimiento en estándares de transparencia y gobierno abierto.
Débil capacidad técnica de los gobiernos locales para formular y ejecutar proyectos de inversión pública.
Fortalecer la gestión territorial y las capacidades institucionales de los gobiernos locales.
Brindar asistencia técnica al 100% de las municipalidades provinciales y al 80% de las municipalidades distritales.
Limitado control social y debilitamiento de la gobernanza: la rendición de cuentas cumple formalmente con el Portal de Transparencia Estándar, pero carece de formatos accesibles, lenguaje sencillo y espacios presenciales descentralizados.
Garantizar el acceso público, oportuno y comprensible a la información financiera y de gestión, promoviendo el control social mediante mecanismos descentralizados y participativos.
Desarrollar cabildos abiertos semestrales en las provincias de la región.
Brechas en el acceso a agua potable, saneamiento y electrificación, especialmente en zonas rurales.
Mejorar el acceso de la población a servicios básicos de calidad.
Elevar la cobertura de servicios básicos al 20%.
Incremento de delitos contra el patrimonio y percepción de inseguridad ciudadana.
Contribuir a la reducción de la criminalidad mediante acciones preventivas y articulación interinstitucional.
Reducir al 20% la incidencia de delitos contra el patrimonio.
Alta incidencia de violencia contra la mujer y grupos vulnerables.
Fortalecer la protección y autonomía económica de las mujeres en situación de violencia.
Incrementar en un 50% la atención integral a mujeres en situación de violencia.
Limitado acceso de la población vulnerable a programas y servicios sociales.
Ampliar la cobertura de protección social para las poblaciones vulnerables.
Incrementar al 50% de la línea base el acceso de personas a programas sociales.
Persisten niveles de analfabetismo y rezago educativo en la población rural y vulnerable.
Reducir el analfabetismo y fortalecer la educación inclusiva e intercultural.
Reducir el analfabetismo en un 10% respecto de la línea base.
Deficiente infraestructura educativa y limitadas condiciones para el aprendizaje.
Mejorar la calidad de los espacios educativos y las condiciones de enseñanza de instituciones educativas priorizadas en coordinación con el MINEDU.
Intervenir al menos el 50% de las instituciones educativas priorizadas con mayores brechas de infraestructura y equipamiento.
Persisten brechas de infraestructura, equipamiento y capacidad resolutiva en establecimientos de salud.
Mejorar la infraestructura y equipamiento de los establecimientos de salud de la región.
Reducir el porcentaje de establecimientos de salud con infraestructura y equipamiento deficiente en un 50% sobre la línea base.
Alta prevalencia de anemia, aproximadamente del 35%, en niños y niñas de 6 a 36 meses en la región.
Reducir la prevalencia de anemia infantil en la región a través de intervenciones integrales orientadas a la salud, la nutrición y el desarrollo infantil temprano, promoviendo una gestión articulada entre los distintos sectores y una asignación presupuestal eficiente basada en resultados.
Reducir la anemia infantil en la región a menos del 20% para el término del mandato.